La titular del Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona, Eva Moltó, aprecia "multitud de evidencias" de que los nueve mossos d'Esquadra acusados pudieron haber cometido un delito contra vida del empresario del Gaixample Juan Andrés Benítez en la madrugada del 6 de octubre de 2012, por lo que ha decidido mantener sus imputaciones.
En un auto, la magistrada que instruye el 'caso Raval' ha rechazado la petición de sobreseimiento de las defensas —aunque retira la imputación por falsedad documental y detención ilegal— y se remite a un informe del fiscal que sostiene que los policías sometieron a Benítez "a una situación de peligro y riesgos innecesarios, que podía comprometer su vida".
La jueza alude, entre otras circunstancias, a la supuesta desproporción en el número de golpes, la excesiva duración de la contención, los gritos, lamentos y gemidos de la víctima, y a que los mossos no requirieron la actuación de la ambulancia hasta que "la víctima quedó en situación de inconsciencia".
La magistrada ha ordenado que se ofrezca la posibilidad de personarse en la causa como perjudicada a la vecina que la noche de los hechos fue visitada por una agente, que le conminó a eliminar las fotografías que había tomado de la intervención policial.
Asimismo, tomará declaración como testigo al vecino que se discutió con Benítez antes de que llegaran los agentes y a los médicos del Hospital Clínic que atendieron a la víctima. A petición de la Fiscalía, también pide algunas aclaraciones a los médicos forenses elaboraron los distintos informes de la autopsia.
A la Policía Nacional que amplíe algunos informes y facilite el audio "con la mayor claridad y nitidez posible" de los vídeos grabados por los vecinos de la calle Aurora.
Entre otras pruebas, solicita a dos médicos forenses que realicen un dictamen sobre la salud mental de cada uno de los agentes imputados y sus hábitos toxicológicos, es decir, si consumen drogas u otras sustancias. También pide sus antecedentes y el informe de asuntos internos.
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